Desde enero de 2017, la ley de inmigración italiana pone nuevos visados a disposición de los inversores extranjeros que deseen entrar en Italia para realizar inversiones de capital en beneficio de la economía nacional italiana.
Se presta especial atención a la financiación que conduce a la creación de nuevos puestos de trabajo y a las inversiones relacionadas con las empresas de nueva creación, la enseñanza superior, la investigación científica y las actividades de mecenazgo.

Además, también existen importantes ventajas fiscales y financieras para los extranjeros que trasladan su residencia fiscal a Italia mediante los llamados “Visados de Oro” o“Visados para Inversores”.

En 2020, también se publicó el “Decreto Rilancio”, que incluso introdujo una reducción del capital requerido para obtener un visado de inversor en el caso específico de las inversiones realizadas en empresas italianas y start-ups innovadoras.
De hecho, los importes son ahora respectivamente de 500.000 euros (en lugar de 1 millón de euros, como estaba previsto inicialmente) y 250.000 euros (en lugar de 500.000 euros).

¿Pero quién puede obtener un visado de inversor en Italia?

Para obtener un visado de inversor, el solicitante debe (alternativamente):

• Adquirir al menos 2 millones de euros en bonos del Estado italiano (los fondos, sin embargo, deben mantenerse durante un periodo de al menos 2 años);
• Invertir al menos 500.000 euros en acciones con una empresa con domicilio social y sede operativa en Italia (reducido a 250.000 si se trata de una start-up)
• Donar al menos 1 millón de euros en fondos filantrópicos para apoyar proyectos de interés público en el ámbito de la cultura, la educación, la inmigración, la investigación científica o la restauración del patrimonio cultural y paisajístico.

El solicitante debe obtener primero una autorización especial presentando una solicitud en línea a través de una plataforma específica.
Tras la aprobación, éste deberá presentar la solicitud de visado en el Consulado italiano competente para su lugar de residencia.
El visado, que tiene una validez de 2 años, se expide mediante un procedimiento acelerado; por lo tanto, el solicitante debe entrar en Italia antes de la fecha de expiración del visado y debe presentar pruebas documentadas de la inversión en un plazo de 3 meses a partir de la fecha de entrada.
El titular de un visado de inversor recibe así un permiso de residencia válido durante dos años, renovable por otros tres.

La asistencia de Abogados italianos expertos en derecho migratorio y en materia de visados es necesaria en un sector que se actualiza constantemente en cuanto a la normativa, y es ciertamente crucial para garantizar el cumplimiento puntual de los requisitos impuestos por la ley estatal, evitando así cualquier disgusto.

Las sucesiones con elementos de internacionalidad, que se producen, por ejemplo, cuando la nacionalidad del causante es diferente del lugar donde se encuentran los bienes de él, se rigen en Italia por la Ley nº 218 de 1995, que prevé el instrumento de remisión a leyes y/o normas extranjeras.

El Tribunal Supremo italiano, en su sentencia nº 2867 de 2021, ha afirmado la posibilidad de la apertura de dos sucesiones diferentes y la formación, por tanto, de dos masas hereditarias distintas, cada una de las cuales se regirá por leyes diferentes que determinarán la validez y eficacia del título sucesorio, identificarán a los herederos, establecerán las cuotas relativas de legitimación, la forma de aceptación de la herencia, etc.

El caso presentado ante el Tribunal Supremo se refería a la sucesión de un ciudadano inglés que había fallecido en Italia tras haberse casado con una ciudadana italiana.
La Ley nº 218 de 1995 identifica la lex successionis en la ley nacional del causante: en el presente caso, por tanto, la ley que rige la sucesión sería la ley inglesa.
Sin embargo, esta última, al tiempo que prevé la regulación de los bienes muebles, hace una remisión a la lex rei sita e, es decir, a la ley del Estado en el que se encuentra el bien, en lo que se refiere a la regulación de los bienes inmuebles, con lo que se aplicará la ley italiana con respecto a ellos.
Básicamente, en el caso que nos ocupa se produce una escisión entre los bienes inmuebles y los bienes muebles del causante: la ley que regirá la sucesión inherente a los bienes inmuebles será la ley italiana, es decir, la ley del Estado en el que se encuentran dichos bienes, mientras que la ley que regirá la sucesión inherente a los bienes muebles será la ley inglesa, es decir, la ley nacional del causante, dando origen a una“doble sucesión”.
De este modo, el Tribunal Supremo aclara un punto importante del derecho que está destinado a ser aplicado en un número muy frecuente de casos.

Por lo tanto, la asistencia de Abogados italianos con experiencia en materia de sucesiones, tanto en Italia como en el extranjero, resulta esencial para que los beneficiarios de las transmisiones hereditarias con perfil internacional obtengan la mejor protección posible que les otorgan los ordenamientos jurídicos implicados en estos casos.

Asì es: en Italia se pueden ver casas por 1 euro, ¡el precio de un café!
Las nuevas casas de 1 euro en venta en Italia están situadas en entornos naturales y en encantadores pueblos históricos: entre ellos se encuentra el hermoso pueblo de la región Basilicata llamado Ripacandida.

El proyecto de venta de casas por 1 euro, apoyado por muchas administraciones municipales, se basa en la idea de valorizar los paisajes naturales y los centros históricos, reactivando así el mercado inmobiliario (y las actividades relacionadas) en realidades urbanas maravillosas pero poco pobladas.
En esencia, se trata de revitalizar antiguos pueblos con un pasado histórico que, en la mayoría de los casos, es milenario, evitando así su despoblación.

Las aldeas y los centros históricos tienen casas y calles que fueron el telón de fondo de acontecimientos históricos cruciales del Reino primero y de la República Italiana después, pero que ahora pocos aceptan experimentar y valorar, corriendo así el riesgo de perder su encanto.
La revalorización de estos centros es, por tanto, el objetivo de muchos ayuntamientos italianos, que han decidido dar un paso valiente con implicaciones económicas de gran alcance: poner a la venta algunas viviendas al precio simbólico de 1 euro.

Así es como este proyecto, apoyado por muchos municipios, ha permitido hacer realidad el sueño de muchas personas, sobre todo extranjeras, de vivir su vida en Italia, en entornos históricos centenarios inmersos en la tranquilidad de los paisajes naturales más bellos de la península que han permanecido inalterados a lo largo del tiempo.

Sin embargo, tanto si se trata de una elección de vida como de una simple inversión, la asistencia de los Abogados italianos es esencial para garantizar el éxito de la operación: el conocimiento de las referencias normativas y los trámites burocráticos siguen siendo elementos esenciales para hacer realidad este sueño de muchos.

Han llegado buenas noticias al final para quienes pretenden solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana jure sanguinis y viven en aquellos países, como Argentina, Brasil o Estados Unidos de América, donde el número de solicitudes remitidas es muy elevado y los plazos de tramitación muy largos.

De hecho, el Tribunal de Roma, en su sentencia de 10 de diciembre de 2020, abordó la cuestión de los tiempos de espera irrazonables de algunos Consulados, y estimó el recurso presentado por algunos ciudadanos brasileños para el reconocimiento judicial de su ciudadanía italiana por descendencia.

La jurisprudencia italiana ofrece así una importante alternativa para todos aquellos que residen en el extranjero, especialmente en aquellos países en los que los Consulados italianos territorialmente competentes se enfrentan a graves retrasos en la finalización de las solicitudes de ciudadanía. Por tanto, para todas estas personas será posible recurrir a los tribunales como alternativa para obtener el reconocimiento de su ciudadanía italiana, iniciando lo que se conoce como reconocimiento judicial, con un plazo estimado de alrededor de 1,5 años para su conclusión.

Los Consulados, de acuerdo con el art. 3 del Decreto Presidencial nº 362 de 1994, tienen un plazo máximo de dos años para definir el procedimiento; el Tribunal de Roma, confirmando una orientación jurisprudencial anterior, consideró que los plazos de respuesta irrazonables (a veces incluso más de 10 años) en los que incurren muchos Consulados italianos son, por tanto, una clara denegación de justicia, reconociendo la posibilidad (y la necesidad) de que los interesados recurran a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento de su ciudadanía mediante la representación de un Abogado cualificado en el ordenamiento jurídico italiano.